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Violencia institucional

VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

 

violenciaSolemos atribuir los actos violentos a un gobierno cuando estos son teocráticos, totalitarios, y dictatoriales y por el mismo razonamiento solemos eximir a los gobiernos democráticos de ejercer violencia institucional. Pero lo cierto es que este axioma político, según se van consolidando las democracias, es cada vez menos pertinente.

Hoy en día la medida de una democracia es otra democracia. Un gobierno democrático se ha de comparar con otro gobierno democrático por las leyes que elabora, por los derechos que hace suyos, por las actitudes que promueve,  por los grupos de interés que favorece, por gobernar, en definitiva, de cara a la ciudadanía o contra ella. Así pues, para percibir la violencia ejercida en una democracia, no hay mejor registro que tomar a un grupo, clase social o colectivo sobre el que históricamente se ha ejercido violencia y comprobar cuanta de ella se ha resuelto con la práctica democrática. Las mujeres, desgraciadamente,  pertenecemos a ese grupo social de referencia.

En el fenómeno de la violencia se reconocen tres tipos: violencia estructural, violencia cultural y violencia directa y esperamos de los gobiernos democráticos rigor para abordarlas y leyes para combatirlas.  A su vez el grado de erradicación de las manifestaciones violentas nos sirve a todo efecto como indicador de calidad democrática y como medida evaluadora de la acción de un gobierno. Por ello,  si un gobierno, por dejación u omisión (cuando no beligerancia), no actúa decididamente en contra de los tres tipos de violencia se puede afirmar de él que ejerce violencia institucional.

A la luz de estas premisas, repasemos nuestras leyes y la acción del gobierno del PP.

a)    La violencia estructural: se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades como resultado de los procesos de estratificación o jerarquía social, y se concreta, precisamente en la negación de estas necesidades. De las leyes hoy vigentes, y tomando como referente al grupo de las mujeres, la “Ley de Igualdad efectiva de mujeres y de hombres” es la que más fielmente refleja el combate contra la Violencia estructural. En ella se abordan medidas para erradicar la estratificación social y jerárquica de un sexo sobre otro en la interpretación de las normas, en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo, en la política, en  la educación, en las empresas, en los medios de comunicación, etc. Determina además cuáles han de ser las actuaciones de los poderes públicos para erradicar las desigualdades y satisfacer así las necesidades de las mujeres.

Si inaudito fue que un partido democrático recurriese ante el constitucional la validez de esta norma, más inconcebible es que hoy ese partido en el gobierno haga dejación expresa de promover actuaciones en el sentido que marca la Ley. De su inacción  por cumplir y hacer cumplir la “Ley de igualdad” no se sigue solamente inoperancia, sino que al no combatir el modelo de estratificación y jerarquía social entre mujeres y hombres lo está dando por bueno. En el análisis de la violencia estructural no hay lugar para el término medio, ni caben actuaciones tímidas ni márgenes de tolerancia. Por ello se puede concluir que el gobierno del PP al no combatir la violencia estructural, la perpetúa.

b)    La Violencia cultural se basa en un amplísimo entramado de valores asumidos acríticamente y a través de ellos se logra la aprobación de posturas intransigentes en lo religioso, en lo económico, en las relaciones de género, en la educación, etc. No conozco, así pues, mayor acto de violencia cultural en una democracia que violentar los derechos adquiridos. De nuevo me remito a una ley vigente: la “Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, que el gobierno del PP pretende reformar. Tras la reforma anunciada se esconde una cesión absoluta a valores y formas de vida de una religiosidad extrema. De llevarse a cabo, el gobierno estaría ejerciendo violencia cultural sobre todas aquellas personas que no compartimos ese ideal de vida. Nos estaría obligando a dar por buenas mistificaciones en torno a la concepción y nos limitaría en nuestro derecho a decidir para imponer el “plan de Dios”. La salud de una democracia se mide por su capacidad para deslindar las leyes de la moral religiosa,   por salvaguardar el derecho a decidir en materia sexual y reproductiva. Por el contrario, cuando se pretende legislar en consonancia a una creencia religiosa, la ciudadanía no es posible. Y eso en democracia es violencia cultural.

 c)    La Violencia directa es visible y de carácter físico o verbal y en España se ha llevado por delante en una década la vida de más de 700 mujeres. Para detener esta violencia genocida, pues se ceba sobre las mujeres, disponemos de la “Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género”. El ámbito de la ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales y de atención a las víctimas y se exige de los poderes públicos no ser ajenos a la violencia de género.

Si tomamos las medidas previstas en la ley y las iniciativas que en esta materia ha impulsado el gobierno del Partido Popular el resultado no puede ser más desalentador: no se entiende que se hayan recortado recursos y que no existan campañas de sensibilización; no parece tampoco que cerrar centros y servicios sea el modo más eficaz de luchar contra la violencia de género; produce perplejidad que este gobierno  declare a una asociación ultraconservadora, que defiende unas relaciones  entre los sexos absolutamente estereotipadas, de utilidad pública (lo que conlleva beneficios económicos y exenciones fiscales) y a la vez recorte subvenciones a las asociaciones de mujeres que luchan contra la violencia de género; en la nueva ley educativa  me deja  sin aliento la pobre consideración que se otorga a los valores cívicos, equiparándolos a la enseñanza doctrinal de la ideología sexual presente en la religión. Podría seguir enumerando más actuaciones del Gobierno, pero creo que son lo suficientemente representativas para afirmar que no se están tomando las medidas adecuadas para eliminar de raíz la violencia directa sobre las mujeres.

Deberíamos recordar y denunciar los 365 días del año que derechos y creencias no son lo mismo y si un gobierno intencionadamente promueve esta confusión, mantiene viva la violencia, ejerce violencia institucional.

Ni cómplice, ni combativo

PapaEn pocos días mucho se ha escrito sobre el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. En  los primeros minutos, una vez sabido quién había sido designado Papa de la iglesia, los titulares de las ediciones digitales de los periódicos, resaltaban dos rasgos del nuevo pontífice, el haber sido jesuita y el ser argentino. De las dos características, la más relevante para el análisis es su procedencia. El lugar en el que uno nace, que no procede de la libre elección del individuo, se convierte en este caso en trascendente por dos razones: de un lado, nos sugiere un cambio histórico en el seno de la Iglesia, pero, por otra parte, aviva la memoria histórica de un país, Argentina,  que en los años de 1976 hasta 1983 sufrió la dictadura más sangrienta de su historia.

No es pues extraño que sea objeto de consideración cuál fue el papel jugado por el entonces provincial de la orden jesuita, Bergoglio, ante la “cultura de la muerte militarizada y gubernamental”, porque si bien nacer en un sitio no se elige, sí es producto de una elección ser colaborador  de una dictadura o luchar contra ella. Cabe, además, que ante el terrorismo de estado, la violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas y el robo sistemático de recién nacidos, se elija la “vía táctica” que consiste en no ser ni cómplice del horror ni combativo ante el horror. Parece que este fue el camino elegido por el hoy Papa Francisco, aderezado con ciertas dosis de “amnesia” como lo muestra su declaración cuando fue requerido como testigo en la investigación por “la sustracción, retención y ocultamiento de bebes, así como la sustitución de sus identidades, ocurridas en el contexto del último gobierno militar comprendido entre los años 1976 a 1983”.  Son muchas las cosas que “no recuerda” como podemos leer en el documento que han hecho público las abuelas de plaza de mayo en Internet.

Al afirmar que el Papa electo no fue ni cómplice ni combativo con la dictadura militar, no pretendo con ello juzgar su carácter moral, sino resaltar que se mantuvo alejado de cualquier preocupación política. Sin embargo, trascurridos los años y consolidada la democracia en Argentina, sí parece mostrarse preocupado por la política democrática, ya que esta parece entorpecer “la nueva evangelización” de la que hablara Juan Pablo II y de la que Bergoglio se declara firme defensor. Descansa la “nueva evangelización” en dos pilares: una restrictiva moral sexual y una defensa a ultranza de la familia en su modulación católica (matrimonio de mujer-varón y ulterior procreación de los hijos e hijas que Dios guste conceder). La democracia, al reconocer derechos sexuales y al extender derechos a determinados colectivos pone en riesgo esa “nueva evangelización”. Sería ingenuo de mi parte pretender que el hoy Papa sostuviera una postura cómplice ante los derechos sexuales de las mujeres, o el reconocimiento del matrimonio homosexual, pero qué lejos de la tibieza y la mesura están sus palabras cuando al referirse a la extensión de derechos afirma que son “la pretensión destructiva al plan de Dios”. Me conformaría, así pues, que en materia de derechos sexuales y reproductivos este Papa fuera también “ni cómplice, ni combativo”.

El Vaticano y la edad de consentimiento sexual

Comentario Cadena Ser-Asturias “La Ventana” :5 de noviembre El Vaticano y la edad de consentimiento sexual (audio).

A raíz del asesinato de la niña de 13 años de El Salobral a manos de un adulto de casi 40 años, el Gobierno y todos los grupos políticos convinieron en la necesidad de elevar la edad de consentimiento sexual. Es obligado recordar que en España se sitúa en 13 años la edad en la que una niña o un niño pueden tener relaciones consentidas con un adulto sin que sea delito. En el entorno europeo la edad de consentimiento sexual oscila entre los 16 y 17 años, a excepción de El Vaticano, que fija en 12 años la edad de la mayoría sexual.Me resulta extremadamente notable la edad de consentimiento sexual fijada por El Vaticano y sobre ello me parece obligado hacer algunas consideraciones.

Según la doctrina vaticana el lugar “noble, propio y único” del consentimiento sexual es el matrimonio. O sea, para la Iglesia “todo acto genital humano debe mantenerse dentro del matrimonio”. La frase no es mía, sino que es una cita del documento titulado “Acerca de ciertas cuestiones de ética sexual” elaborado por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. De lo anteriormente expuesto se concluye que El Vaticano hace coincidir la edad de consentimiento sexual con la edad para contraer matrimonio y las fija ambas en los 12 años.

Así que a los 12 años el Vaticano considera que una niña está preparada para vivir “su matrimonio responsablemente, pleno de amor y abierto a la vida”. En este ejemplo,  me refiero a una niña porque la práctica del matrimonio infantil afecta mayormente a niñas a las que se casa con un varón adulto.

Conviene además señalar cierto grado de coincidencia entre la doctrina vaticana y la legislación  vigente en algunos países del mundo musulmán. En algunos de estos países no existe en absoluto la edad de consentimiento sexual, ya que la condición de casado es un requisito legal para el sexo por lo que los actos sexuales fuera del matrimonio son considerados ilegales. Este tipo de legislaciones tiende a convertir también la práctica del matrimonio infantil en normal.

Así las cosas y dado que el matrimonio infantil viola todos los derechos humanos, y parece ser una práctica habitual también en algunos países de influencia católica, convendría muy mucho que la Iglesia, que tanto se refiere a la “defensa de la vida” para señalar pecados ajenos, comenzara por los “pecados” propios y cambiara radicalmente sus planteamientos sobre “ética sexual”.

 

Un uso indebido

Un uso indebidoEl sábado 26 de marzo paseaba por la calle Mayor en dirección a la Puerta del sol. De entre todas las personas que a su vez estaban en esa calle, como siempre llena de gente, destacaba un grupo familiar uniformemente vestido: él con un “Lacoste” verde, ella con una “blazer” verde y los niños, de ambos sexos, con camisetas verdes.  Así que inmediatamente caí en la cuenta de lo que sucedía: es lo bueno de las identidades que identificas, ¡valga la redundancia!, al instante.

Sabía por lo tanto lo que iba a encontrarme en Sol y me preparé mentalmente para ello. Pero la realidad siempre supera nuestras previsiones. No me llamó la atención las “pancartitas” caseras con eslóganes beligerantes, ni los exultantes grupos familiares, ni los rezos como si se acabara el mundo. Me había preparado, como dije, para una explosión jubilo-beligerante de los pro-vida. Lo que me llamó la atención fue la inmensa banderola que tapaba la fachada del edificio de la Presidencia de la Comunidad y más aún constatar que unos operarios desde los balcones sujetaban las gruesas cuerdas para que la banderola se desplegara en todo su esplendor. Y entonces sí me indigné.

Me indignó  que  se usara un edificio público para un fin religioso y político tan sesgado y que quien autorizó tal despliegue fuera, he de suponer, la máxima autoridad cuya obligación es representarnos a todos o, al menos, no amparar excesos fundamentalistas. A su vez, no pude dejar de pensar en el 25 de noviembre, día Internacional contra la Violencia de las mujeres, y en  en lo mediático y eficaz que sería enfundar el edificio con una gran banderola lila. Pensé, cómo no, en los cientos de manifestaciones que tienen por objeto la vindicación de la justicia sexual y social de las que ese edificio es testigo mudo, albergando todo lo más en su acera furgones policiales. Me lamenté, como no podía ser de otro modo, de la falta de reciprocidad y de la absoluta permisividad hacia un colectivo tan radical. Y por último me sumió en la más absoluta perplejidad que a los que les parece normal y natural que los edificios públicos se revistan de banderolas religiosas no les resulte también normal y natural que los edificios religiosos se revistan de banderolas cívicas. Quid pro quo.